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La administración actual ha anunciado planes para implementar nuevas políticas de inmigración. Estas incluyen cambios tanto en órdenes ejecutivas como en medidas legislativas que afectarían a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los Estados Unidos.
Según los recientes anuncios de políticas y la firma de órdenes ejecutivas, la administración tiene la intención de implementar medidas de deportación a gran escala.
Las políticas propuestas también afectan a varios grupos, incluyendo:
Inmigrantes actuales y sus familias
Personas que buscan asilo
Refugiados
Niños ciudadanos estadounidenses con padres no ciudadanos
La administración planea restablecer varias políticas de inmigración anteriores. A continuación se presentan las acciones presidenciales que fueron firmadas a partir de el lunes 20 de enero de 2025:
Reanudación de los Protocolos de Protección a Migrantes y otras políticas de inmigración
Orden Ejecutiva: SECURING OUR BORDERS
Sec. 2. Asegurando las Fronteras de la Nación
Los funcionarios dijeron que también planean terminar con la política conocida como "capturar y liberar", que permitía la liberación de aquellos sin estatus legal de la detención mientras esperaban una audiencia en la corte de inmigración.
Hay varias partes de esta política que también permiten la remoción inmediata de extranjeros que se encuentren en violación de la "Ley Federal", y el uso de fuerzas del orden estatales y locales para hacer cumplir las "prioridades federales de inmigración".
Esta orden expande significativamente tanto el alcance de las deportaciones como los procedimientos legales relacionados en comparación con las políticas anteriores.
Además, la orden termina con los Programas de Libertad Condicional Humanitaria que permitían a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar a los EE.UU. con patrocinadores. Esto crea incertidumbre para las familias que ya se han establecido en los EE.UU. sobre si sus familiares en proceso de reunirse con ellos tendrán una vía de entrada.
Sec. 6. Reanudación de los protocolos de protección a migrantes. (Permanecer en México)
La política de Protocolos de Protección a Migrantes requiere que los solicitantes de asilo esperen en México mientras sus casos son procesados. Aproximadamente 70,000 personas que buscan asilo, incluyendo niños, han esperado en México durante sus audiencias de asilo — un proceso que típicamente toma de meses a años.
Bajo esta política, las personas vivían en campamentos temporales con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios médicos. Los informes documentaron incidentes de violencia en estos campamentos no oficiales de refugiados.
Durante las audiencias judiciales, la mayoría de los individuos no tenían representación legal. Las estadísticas muestran que el 1% de los casos completados recibieron alivio en la corte de inmigración.
Los estudios indican que esta política ha llevado a disparidades de salud entre las poblaciones afectadas y mayores riesgos para las familias.
Orden Ejecutiva: PROTECTING THE AMERICAN PEOPLE AGAINST INVASION
La orden ejecutiva busca fortalecer la aplicación de la ley de inmigración mediante el establecimiento de Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional federales que colaborarán con agencias de la ley estatales y locales. Esto representa una expansión de la aplicación de la ley de inmigración más allá de los agentes federales de ICE al crear asociaciones formales con autoridades locales para identificar y remover a individuos sin estatus legal, particularmente aquellos clasificados como criminales o miembros de pandillas.
En la actualidad, las escuelas son consideradas áreas protegidas por los agentes de ICE, aunque aún no está claro si esta distinción se aplicará a otros oficiales de la ley bajo esta nueva orden. Muchos grupos de defensa a nivel nacional están instando a la paciencia y un enfoque de "esperar y ver".
Actualmente dos leyes sirven para proteger los derechos de los estudiantes inmigrantes:
La primera es la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. Plyler v. Doe, que estableció que Colorado y otros estados no pueden restringir el acceso de un niño a la educación basándose en su estatus migratorio o implementar medidas que puedan disuadir la inscripción escolar — como permitir operaciones de control migratorio en terrenos escolares. Además, la ley, Family Educational Rights and Privacy Act, o FERPA, proporciona a las escuelas la autoridad para salvaguardar la información confidencial de los estudiantes en los registros educativos.
Estado de Ciudadanía por Nacimiento
Orden Ejecutiva: PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP
NPR informa: "En una interpretación de la cláusula de la enmienda 'sujeto a la jurisdicción de la misma', la orden, que entra en vigor en 30 días, limitaría quién puede obtener la ciudadanía estadounidense basándose en el estatus legal de sus padres".
La ciudadanía por nacimiento está establecida en la fourteenth amendment . El caso histórico de la Corte Suprema de 1898 United States v. Wong Kim Ark confirmó que la ciudadanía se otorga a todos los individuos nacidos en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
En 2025, EE.UU. sigue siendo uno de los 29 países, junto con Canadá y México, que siguen el jus soli (ciudadanía por nacimiento, con excepciones solo para hijos de diplomáticos extranjeros).
Se estima que 5.5 millones de niños nacidos en EE.UU. viven en hogares de estatus mixto con al menos un padre indocumentado. Estos niños son parte de los 37.1 millones de estadounidenses de segunda generación que constituyen aproximadamente el 12% de la población de EE.UU. En sus recientes audiencias de confirmación, la nominada a Attorney General Pam Bondi declaró que "estudiaría la ciudadanía por nacimiento" si fuera confirmada.
Suspensión del Programa de Admisión de Refugiados
Orden ejecutiva: REALIGNING THE UNITED STATES REFUGEE ADMISSIONS PROGRAM
La orden suspende temporalmente el Programa de Admisión de Refugiados de EE.UU. a partir del 27 de enero, "hasta que la entrada adicional de refugiados a los Estados Unidos se alinee con los intereses de los Estados Unidos".
Esto tendrá implicaciones especialmente para más de 1,600 refugiados afganos y familiares de personal en servicio activo y niños que esperan reunirse con sus familias y que previamente fueron clasificados como elegibles para reasentamiento.
Esto también afecta a muchos otros refugiados de muchos otros países que están huyendo de la guerra.
Cambios en la Frontera Sur de los Estados Unidos
Orden Ejecutiva: DECLARING A NATIONAL EMERGENCY AT THE SOUTHERN BORDER OF THE UNITED STATES
En esta orden ejecutiva que declara una emergencia nacional, el presidente caracteriza la situación de la frontera sur como una invasión que amenaza la soberanía de América. El presidente afirma que los cárteles, pandillas criminales, terroristas, traficantes de personas y contrabandistas de drogas han invadido la frontera, llevando a la violencia contra ciudadanos estadounidenses y muertes generalizadas relacionadas con las drogas. Debido a esta emergencia percibida, el presidente llama a las Fuerzas Armadas para asistir al Departamento de Seguridad Nacional en ganar el control de la frontera sur.
Esencialmente, lo que esta orden hace es permitir al presidente acceder a fondos federales para "asegurar la frontera" sin el Congreso y deja la posibilidad de crear exenciones a las reglas que normalmente restringirían al presidente.
También permite que el ejército permanezca desplegado allí tanto tiempo como él lo considere necesario. En una orden separada (CLARIFYING THE MILITARY’S ROLE IN PROTECTING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE UNITED STATES), el presidente ha asignado al ejército una responsabilidad específica sobre la aplicación de la ley de inmigración. Está por verse si la aplicación de esta orden entrará en conflicto con las leyes vigentes que limitan el uso de tropas federales en propósitos de vigilancia doméstica.
También está por verse cómo esto impactará el flujo de inmigración legal en la frontera.
Otras políticas potenciales que se proponen:
INVOCANDO LA LEY DE ENEMIGOS EXTRANJEROS DE 1798
En su discurso inaugural, el Presidente Trump anunció planes para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 — una autoridad en tiempo de guerra que otorga a los presidentes poder para eludir el debido proceso y deportar a ciudadanos de naciones consideradas "enemigas" de los EE.UU. Esta ley, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionó la base legal para los campos de internamiento japoneses, uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense.
La administración planea usar esta ley para implementar la "Operación Aurora", dirigida a individuos para detención y deportación. El plan incluye medidas contra las ciudades santuario que limitan la cooperación entre la policía local y ICE.
El alcance completo del uso previsto de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración no está claro. Actualmente, los residentes nacidos en el extranjero abarcan 47.8 millones de personas — 14.3% de la población de EE.UU., según el Centro de Investigación Pew. Una posibilidad notable es su potencial uso contra manifestantes universitarios, alineándose con las prioridades de la plataforma "¡Hacer América Grande de Nuevo!" del Partido Republicano de 2024.
Conclusión
Si se implementan completamente, estos cambios de política propuestos impactarían significativamente los procesos de inmigración, los procedimientos de aplicación de la ley y las comunidades en todo Estados Unidos. Sin embargo, muchos de estos cambios enfrentan desafíos legales continuos y su implementación permanece incierta.
Los cambios propuestos afectarían múltiples aspectos del sistema de inmigración de EE.UU. -- desde el procesamiento de solicitudes hasta las prioridades de aplicación y los procedimientos administrativos. Cualquier implementación necesitaría cumplir con los requisitos legales y las pautas procedimentales, sujeta a revisión judicial.
Entender estos posibles cambios de política es vital para cualquier persona afectada por o que trabaje dentro del sistema de inmigración. La información y orientación sobre las políticas actuales y los cambios propuestos están disponibles a través de canales gubernamentales oficiales y profesionales de inmigración calificados.
En Comunidad Integrada, mantenemos nuestro compromiso de ayudar a los miembros de nuestra comunidad local a comprender sus derechos y preservar la armonía que hemos construido juntos. Como organización no partidista, no respaldamos candidatos ni posiciones políticas específicas. Sin embargo, reconocemos nuestra obligación moral y legal de apoyar a nuestros vecinos y defender los derechos constitucionales de inmigrantes y refugiados. Invitamos a nuestra comunidad a sumarse a estos esfuerzos para proteger la dignidad y los derechos fundamentales de todos los residentes, cultivando un ambiente inclusivo y solidario.
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